Con este titular corría la noticia por las calles de Palma, extendiéndose rápidamente entre la población y haciéndose eco del cumplimiento de la consigna emitida desde el Gobierno del Frente Popular de izquierdas. Con esta orden se daba inicio y se procedía a la caza y captura de los militantes nacionalsindicalistas en todo el territorio nacional.

El motivo de tal disposición gubernamental estaba amparada y respaldada por la aplicación de la circular número 90 emanada del Ministerio de la Gobernación, que fue dictada como consecuencia y respuesta al atentado perpetrado por cuatro falangistas miembros del Sindicato Español Universitario (SEU): Alberto Ortega, Guillermo Aznar, José María Díaz y Alberto Aníbal, contra el diputado socialista y a su vez vicepresidente del Congreso de Diputados Luis Jiménez de Asúa.

Atentando, inscrito en el contexto de creciente violencia política que se vivía en la España de los años treinta del siglo pasado, como represalia a los padecidos por miembros del movimiento falangista, donde los enfrentamientos entre grupos de izquierda y los falangistas se sucedían con una escalada alarmante.

Recordemos como la nómina de falangistas caídos o agredidos, en los días previos al atentado contra Jiménez de Asúa, durante el mes de marzo de 1936 se había incrementado de manera dramática día a día.

El día 6 de marzo, cuatro albañiles afiliados al sindicato nacionalsindicalista: José Urra (excomunista), Ramón Fabián, Ramón Chopera y Rafael Lacambra eran asesinados en una obra por no participar en la huelga promovida por los marxistas; el día 7 un joven afiliado al SEU era herido de bala en una manifestación por disparos de un policía; el día 10 un piquete de comunistas detenía e identificaba en plena calle a dos jóvenes, al encontrarles encima recibos y carnets de su pertenencia al SEU, y a la Comunión Tradicionalista los tiroteaba hiriéndoles de gravedad, resultando muertos a consecuencia de las heridas recibidas: Juan José Olano Orive del SEU y Enrique Bellsolell[1] Castiñeira de los Tradicionalistas.

En este ambiente de hostigamiento, persecución y exterminio del falangista, los afiliados del SEU, antes señalados: Aníbal, Azar, Díaz y Ortega, planearon la represalia, considerada como un error por muchos miembros del movimiento nacionalsindicalista por las consecuencias derivadas de tal acción, contra Jiménez de Asúa, significado miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a su vez vicepresidente del Congreso de Diputados y significado miembro de la Judicatura española.

Sobre las ocho de la mañana del día 12 de marzo de 1936, los cuatro falangistas se encontraban apostados en un vehículo marca Chevrolet en las inmediaciones del domicilio particular del objetivo, cosa que infundió sospechas al escolta del diputado del PSOE, al salir fueron tiroteados logrando salir el socialista ileso mientras que su escolta, el funcionario de policía Jesús Gisbert Urreta, caería malherido falleciendo posteriormente como consecuencia de las heridas.

Este hecho sirvió de detonante para que el Gobierno del Frente Popular intensificara la represión contra Falange Española de las J.O.N.S. (FEJONS).

Bajo la aplicación de las denominadas Leyes de Defensa de la República (LDR), del 21 de octubre de 1931, que facultaba al gobierno de la misma, en su artículo 42, bajo el amparo de la supuesta defensa del régimen republicano a suspender, bajo su criterio y libre albedrio, durante 30 días los derechos de los ciudadanos a no ser detenidos sin causa ni delito.

Al mismo tiempo que establecían un régimen de sanciones gubernamentales, impuestas por el delegado del Gobierno con un único recurso posible ante el ministro de la Gobernación en el plazo de 24 horas para las personas individuales o de 5 días para los colectivos[2].

Siguiendo la orden ministerial, el 20 de marzo de 1936, la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Palma, bajo el mando del comisario Guillermo Roldán de la Fuente, procedió a clausurar la sede falangista de Palma, situada en la calle Ribera, número 16. Durante esta operación, se detuvieron a varios líderes falangistas locales, entre ellos Alfonso de Zayas, Antonio Nicolau, Juan Riera, Jaime Mulet y Néstor Gallego, a quien se le encontró en posesión de una pistola detonadora.

Sin embargo, la realidad de las detenciones difirió de la versión oficial, ya que muchos de los arrestos no se llevaron a cabo en la sede de Falange, sino en los lugares de trabajo de los detenidos. Juan Orpi fue arrestado en la Cooperativa Electra Popular; Bartolomé Suau, en la obra donde trabajaba como albañil; Antonio Nicolau fue capturado en la estación de ferrocarril de Palma al regresar de sus funciones laborales en Inca; Néstor Gallego fue detenido en la escuela donde trabajaba como maestro; y Pablo Chimelis, ferroviario, fue aprehendido en la estación de trenes.

La operación gubernamental resultó en la detención de 55 falangistas en toda la isla de Mallorca, extendiéndose a localidades como Bunyola, Búger, Campanet, Campos, Esporles, Felanitx, Inca, Llubí, Llucmajor, Manacor, Montuïri, Porreres y Puigpunyent. Especialmente llamativo fue el caso de Esporles, donde se aplicó la táctica de equiparar a cualquier opositor al marxismo con el fascismo, resultando en la detención de nueve miembros de la Congregación Mariana, liderados por el sacerdote Antonio Trías Bosch. Aunque Alfonso de Zayas los presentó como falangistas: “A la mañana siguiente encontramos durmiendo en el suelo al párroco de Esporlas, en compañía del Juez municipal del mismo pueblo y once camaradas más”[3], la realidad era que se trataba de integrantes de un movimiento católico sin vínculos directos con Falange.

Los detenidos fueron inicialmente recluidos en el Depósito de Capuchinos bajo la condición de presos gubernativos, para luego ser trasladados a la Cárcel Provincial, donde se registraron numerosos incidentes entre falangistas, presos comunes y algunos detenidos de izquierda.

Mientras llegaban las decisiones y sanciones, más gubernamentales que judiciales, las tensiones del interior se trasladaron a las calles adyacentes al recinto carcelario, con enfrentamientos entre familiares y simpatizantes falangistas y militantes del Frente Popular. Finalmente, el Gobierno ordenó el traslado de los presos al Castillo de San Carlos, reforzando así la estrategia de erradicación de Falange Española promovida por Santiago Casares Quiroga desde Madrid.

[1] En otras publicaciones se le identifica como Enrique Valdocel.

[2] ALVAREZ TARDIO, Manuel: La Libertad en la Segunda República: los jueces y la “republicanización” de la Justicia en la primavera española de 1931, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2023.

[3] ZAYAS de BOBADILLA, Alfonso de: Historia de la Vieja Guardia de Baleares, Madrid 1955, pág. 86.